14-03-2012. Esperanza Aguirre aplica medidas de asfixia económica a los 5.000 abogados del turno de oficio

Esperanza Aguirre aplica medidas de asfixia económica a los 5.000 abogados del turno de oficio

lacelosia.com. Gonzalo Garteiz. 14/03/12

El Gobierno de Esperanza Aguirre, que fue denunciado por el Colegio de Abogados por no pagar el servicio de asistencia legal gratuito durante más de un año, con una deuda que superó los 30 millones de euros, y obligó a los letrados del turno de oficio a desembolsar intereses del 5-6% a la banca por descontar las facturas, ha vuelto a las andadas con unas medidas que asfixian a los cerca de 5.000 abogados adscritos a este modelo de asistencia legal. Aguirre pretende que sean los abogados quienes consigan la justificación de insolvencia de los justiciables, y si no lo hacen no les pagará la asistencia, excepción hecha de los 150 euros por la guardia de 24 horas. El colectivo busca el apoyo del Colegio, siempre reticente a pelear con el poder Ejecutivo que encarna Aguirre, quien pretendería la privatización del servicio legal, cediéndolo a intereses ideológicos afines
La Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, se apresta a tomar una serie de medidas respecto a la gratuidad de la asistencia jurídica que degradan aún más este derecho reconocido en la Constitución y asfixian económicamente a los letrados del turno de oficio, según han denunciado a La Celosía los afectados, letrados del turno de oficio.
La Comunidad de Madrid actúa con revanchismo tras la lucha de este colectivo, de casi 5.000 abogados, quienes el año pasado se enfrentaron al Gobierno de Aguirre por el menosprecio al servicio que dan, amparado y defendido por la Constitución, por el impago de casi 30 millones de euros, que les obligaba a descontar las facturas con un pago de interés del 5% a los bancos. Tras la intervención del Colegio a regañadientes, pero finalmente denunciando la actuación del Gobierno de Aguirre, éste anunció hace un mes el final de la mora. El vicepresidente y portavoz Ignacio González revistió de magnanimidad y no de deber el pago de la deuda alegando que “quedaba patente el compromiso del Gobierno con los abogados del turno de oficio y de la justicia gratuita a pesar de las actuales circunstancias económicas”.
Todo un cuento. Apenas un mes después, el Gobierno de Aguirre ha decidido que el abogado que no consiga la justificación de falta de recursos del justiciable no cobrará por la asistencia legal, excepto los 150 euros de la guardia sea cual sea el número de casos atendidos en aquella. Para más inri, según denuncian los afectados, la Comunidad no pagará los expedientes archivados por falta de justificación de insolvencia aplicando la retroactividad en la deuda.
Los abogados subrayan con razón que no es su función la de conseguir las pruebas de pobreza de sus clientes, sino la de defenderlos, y cobrar, aunque sea la miseria que se paga en el turno de oficio, por el trabajo. “Es como si a los médicos se les pidiera que entreguen una justificación de que han atendido a una persona sin recursos de manera gratuita”, subrayan.
Fuentes de la consejería han asegurado a La Celosía que se limitan a aplicar la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y en concreto el artículo 30 que reza así “la intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita sólo podrá ser retribuida con cargo a los fondos públicos contemplados en el artículo 37 (subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita), cuando exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos contemplados en esta Ley”.
La consejería, apelando a la ley sostiene que “no es por tanto una cuestión de negociación, sino de un precepto jurídico establecido por una Ley con efectos erga omnes”. Lo que no dicen los altos cargos de Justicia de Esperanza Aguirre es que en ningún caso esta norma dice que serán los abogados quienes aporten la justificación de insolvencia del justiciable, y cualquier ciudadano que actúe con buena voluntad entenderá que es la Administración quien debe cerciorarse mediante todos los datos de que dispone de la calificación del justiciable para recibir la asistencia gratuita.
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Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
 
 

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